¿Quién fiscaliza a las asociaciones?
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Sanciones a las asociaciones culturales
También se establecen obligaciones y límites especiales para su posterior regulación en materia de administración y representación, asamblea y acuerdos de los socios, así como su retirada y exclusión, derechos sobre el fondo común, transformación, extinción y devolución de bienes.
Mientras dure la asociación, los miembros individuales no pueden pedir la división del fondo común y, si se retiran o son excluidos, no pueden pedir la restitución de la cuota y las contribuciones pagadas.
Obligación de la entidad auditora para las entidades del tercer sector
La junta de accionistas nombra a los miembros del consejo de supervisión, que deben ser profesionales independientes y cualificados capaces de desempeñar plenamente esta función. En las asociaciones pequeñas, los miembros de la junta de auditores suelen ser personas con experiencia, pero no necesariamente profesionales del ámbito económico, fiscal y jurídico.
El artículo 2399 del Código Civil se aplica a los miembros del consejo de supervisión y deben ser elegidos entre las categorías enumeradas en el artículo 2397, apartado 2, del Código Civil. En el caso de un órgano colegiado, los requisitos del Art. 2397 deben ser cumplidos por al menos uno de los miembros.
En las organizaciones sin ánimo de lucro, el órgano de control debe vigilar periódicamente la corrección de los actos de gestión realizados por los directivos, especialmente en el caso de la captación de fondos y el uso de recursos relacionados, y debe supervisar la transparencia de la gestión, el cumplimiento de los fines institucionales y la garantía del uso correcto de los recursos.
Nombramiento del auditor de la asociación
Dada la frecuencia y el creciente número de entidades no comerciales que se someten a auditorías, se considera útil proporcionar alguna información básica para ayudar a quienes trabajan en asociaciones a gestionar estos delicados momentos.
Se trata de comprobar que no se han cometido errores de compilación y/o de cálculo y que los pagos de impuestos se han realizado con exactitud y en el plazo previsto y por los importes declarados. Si se detectan errores, se invita al contribuyente “de buena fe” a proporcionar aclaraciones y/o corregir los errores y proceder al pago de los impuestos más elevados.
Al final de la auditoría, en caso de hallazgos, se elabora un informe de auditoría fiscal (PVC) que se envía a la Oficina de Ingresos competente.
Tras la aceptación, la Oficina emite un “acta de liquidación de la liquidación parcial”, que contiene los elementos y motivos en los que se basan las conclusiones y la liquidación de los impuestos, sanciones e intereses más elevados.
