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18. Los artículos del Código Civil que preveían la afiliación fueron derogados a raíz de la entrada en vigor de la Ley nº 184 de 4 de mayo de 1983 (posteriormente revisada por la Ley nº 149 de 2001 y el Decreto Legislativo nº 196 de 30 de junio de 2003).

37. El Tribunal de Justicia observa, en primer lugar, que la jurisprudencia del Tribunal de Casación estaba muy dividida en cuanto a la posibilidad de interponer un recurso de casación, en virtud del artículo 111 de la Constitución, contra una decisión no definitiva adoptada por la sala del consejo en materia de jurisdicción voluntaria.

39. A la luz de lo anterior, y sin tener en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal de Casación estaba muy dividida sobre la cuestión de si era posible interponer un recurso de casación contra una decisión no definitiva adoptada por una sala del consejo en materia de jurisdicción voluntaria, el Tribunal considera que, en el presente caso, cualquier recurso extraordinario de casación en virtud del artículo 111 de la Constitución no habría tenido el efecto de remediar el agravio del demandante.

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3. El demandante alegó, en particular, que las medidas preventivas que se le habían aplicado durante un período de dos años violaban los artículos 5, 6 y 13 del Convenio y el artículo 2 del Protocolo nº 4.

“El sujeto, sometido a una “advertencia oral de la Policía” el 18/6/2006, había permanecido sin ninguna mejora en su conducta, que seguía caracterizándose por una intensa frecuentación de los principales elementos del hampa local y por la comisión de delitos (ver cert. cargos pendientes: violación de las obligaciones de vigilancia el 25/4/2007; violación de las obligaciones de vigilancia el 29/4/2007).

28. El 7 de abril de 2015, el Gobierno presentó una nota que contenía una propuesta de solución amistosa en relación con la parte de la demanda relativa al agravio relacionado con la ausencia de una audiencia pública ante el Tribunal y la Corte de Apelación de Bari (artículo 6 § 1 del Convenio), así como una declaración unilateral en virtud del artículo 62A del Reglamento del Tribunal en relación con dicho agravio.

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La conducta de una persona que se atribuye una cualificación profesional falsa a la que la ley no atribuye ningún efecto jurídico específico no constituye el delito de suplantación de identidad. (Caso en el que los acusados, autores de un fraude en complicidad, se habían calificado como marinero y joyero respectivamente). (Anula sin remisión, TRIBUNAL DE APELACIONES DE PALERMO, 05/03/2019)

En cuanto al delito de sustitución de persona, la intención específica consiste en el objetivo de procurarse a sí mismo o a otros una ventaja pecuniaria o no pecuniaria o también de causar un daño a otros. (Caso relativo a la presentación a un funcionario público de una solicitud para obtener un código fiscal utilizando un documento con Photoshop).

La conducta de una persona que exhibe en el salpicadero del coche un distintivo no válido expedido a un familiar no es constitutiva del delito de sustitución de persona (artículo 494 del Código Penal), ya que la mera exhibición del distintivo no válido en el coche, en ausencia de otras conductas cualificadas, no constituye la conducta positiva susceptible de inducir a error necesaria para identificar los elementos del delito contemplado en el artículo 494 del Código Penal.

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Como se desprende de las referencias del capítulo anterior, el derecho a la reagrupación familiar concedido a los inmigrantes es el principal corolario del derecho al respeto de la vida familiar, que está protegido no sólo por el artículo 8 del CEDH, sino también por otros instrumentos de Derecho internacional. Según el Tribunal de Justicia, este derecho también forma parte de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico comunitario, como principio general del derecho (2).

En efecto, el proyecto de decreto legislativo sobre la aplicación de la directiva de la UE ha introducido todas las modificaciones posibles en el texto refundido de la Ley de Inmigración, que, a la luz de sus disposiciones, conducen a una mejora de la disciplina de reagrupación (57).

Queriendo dividir, también en relación con la jurisprudencia luxemburguesa, las consecuencias derivadas del respeto a la vida familiar según el tipo de obligaciones (positivas o negativas) impuestas a los Estados, considero útil partir de las consideraciones realizadas por la Abogada General Kokott sobre la relación entre el artículo 8 CEDH y el derecho a la reagrupación familiar.